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Joven salvadoreña que había sido acusada de intento de homicidio al dar a luz en un baño, queda en libertad.

Joven salvadoreña que había sido acusada de intento de homicidio al dar a luz en un baño, queda en libertad.

El Salvador tiene algunas de las legislaciones sobre aborto más estrictas y radicales,  es uno de los 26 países en el mundo donde el aborto está totalmente prohibido.

También es el único país conocido por procesar y encarcelar a las mujeres regularmente por un “crimen” de esta naturaleza.

El país no tiene excepciones a los abortos, ya sea que el embarazo sea el resultado de un acto de violación, si el feto sufre una deformidad, o incluso cuando la vida de la madre corre riesgo del embarazo, o sucede espontáneamente. Tampoco hay diferenciación entre emergencia obstétrica y aborto ilegal.

De todas maneras, el Ministerio de Salud establece que hubo 19,290 abortos ilegales entre 2005 y 2008. Las estadísticas del gobierno muestran que tres de cada ocho muertes maternas en el país,  son el resultado del suicidio de mujeres embarazadas menores de diecinueve años.

Imelda Cortez, de 20 años, dio a luz al bebé de su padrastro, Pablo Henríquez,  en una letrina en Abril del año pasado, según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que ha estado apoyando su caso, e Imelda fue puesta bajo custodia.

“Más tarde encontraron al bebé que estaba completamente sano”, dijo  Paula Avila-Guillen, directora del Centro de Iniciativas de América Latina para la Igualdad de la Mujer,  agregando que después de que la joven fue detenida, la madre de Cortéz  cuidaba al bebé y seguía viviendo con el padrastro.

“Lo que hace que el caso de Imelda sea aún más indignante, es que había sido víctima de violencia sexual  por parte del padrastro,  desde que tenía 12 años hasta que tenía 18 años, sin embargo, fue tratada como perpetradora y no como víctima”, agregó.

Se la acusó de  intento de asesinato agravado, y si era declarada culpable,  podía enfrentar hasta 20 años de prisión, según había diho su abogada , Alejandra Romero,  a la Fundación Thomson Reuters.

El Lunes la fiscalía salvadoreña se retractó,  y pidió el cambio de la calificación del delito del que estaba acusada Imelda al de “abandono y desamparo de persona en perjuicio de una menor de edad”.

Cortez acordó entonces un “juicio abreviado” con la fiscalía por ese delito a cambio de la reducción de la pena, fijada en un año.

La joven llevaba 1 año y 7 meses en prisión, a la espera de juicio,  y  fue puesta en libertad.

“La restrictiva ley salvadoreña pone en especial peligro a las mujeres en condición de pobreza, son ellas quienes desisten de asistir a los servicios de salud para evitar ser procesadas luego de sufrir una emergencia obstétrica”, afirmó por su parte Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, en un comunicado.

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Patricia Frias

Productor de contenido digital para Memphis Noticias.

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